La Universidad en tiempos de guerra y el papel de la educación superior en la promoción de los Derechos Humanos y la Democracia
- Las universidades se han enfrentado a grandes desafíos durante los conflictos armados a lo largo de la historia.
- Hoy entrevistamos a Cristina Ramón y Carmelo Faleh.
Han debido adaptarse a las necesidades bélicas, movilizando recursos humanos y materiales. La interrupción de actividades académicas y la preservación del conocimiento han sido retos importantes. Además, de la violación de los derechos fundamentales, los conflictos han impactado en la docencia, la investigación y la colaboración internacional. A pesar de ello, las universidades han demostrado una gran capacidad de adaptación y han desempeñado un papel vital en la preservación del conocimiento, la promoción de la paz y el desarrollo social y económico en tiempos de guerra.
Cristina Ramón: «El papel fundamental de la Universidad en la prevención de conflictos armados es el de constructora de una ciudadanía inclusiva y plural»
¿Qué papel histórico ha tenido la Universidad en los conflictos armados? ¿Y en la actualidad?
El papel fundamental de la Universidad en la prevención de conflictos armados es el de constructora de una ciudadanía inclusiva y plural, consciente de la importancia y la imperiosa necesidad de la educación en derechos humanos, en esta prevención de conflictos.
Aunque también señalable el papel de la Universidad como protectora del patrimonio cultural, en situaciones de conflicto bélico.
¿Qué contribuciones a la paz ha hecho la Universidad?
Numerosas, pero me gustaría resaltar una de las más recientes, la Declaración Institucional del pasado 22 de febrero de 2024, en la que se pidió el alto el fuego inminente y permanente en Gaza, la liberación de todas y todos los rehenes, el fin de las violaciones de Derechos Humanos y el inicio de un proceso de diálogo y negociación que dé respuesta permanente al conflicto israelí-palestino.
En un contexto de conflicto armado, como pueden ser el caso de lo más sonados en los últimos años, Ucrania y Palestina, las universidades enfrentan desafíos importantes que tienen un impacto directo en su funcionamiento y en el bienestar de su comunidad académica. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Qué acciones o soluciones se pueden ejecutar desde la comunidad académica internacional para aliviar el impacto de estos conflictos?
Servicios de apoyo a personas refugiadas, captación de fondos, acogida a estudiantado y personal investigador, prestación de apoyo a personas provenientes de países en situación de conflicto bélico matriculadas en la UV. Recordar que este apoyo, no se trata únicamente de necesidades básicas satisfechas, como alojamiento o manut
Cristina Ramón, Licenciada en Física, Doctora en Cooperación Internacional y actual presidenta de ECOSOL
ención, en muchas ocasiones hablamos de salud mental de las personas refugiadas, siendo éste uno de los grandes desafíos, en el que la Universidad podría tener un papel protagónico, desde el apoyo específico de profesionales cualificados en psicología, psiquiatría, trabajo social, etc. Y también hablamos de inserción en la vida pública,
para lo que resulta absolutamente necesario mejorar las relaciones de la Universidad con los movimientos sociales emancipadores de nuestro territorio y ONGD en las que trabajan muchas personas constructoras de Paz y defensoras de los derechos humanos, otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta. Debemos posicionarnos más cerca que nunca de la ciudadanía porque es la que escucha, es la que aprende, es la que comprende, es la que lucha sin armas y es la que construye un futuro común.
Fundamental también y otra gran desafío, el papel de la comunidad académica en la denuncia pública de situaciones de vulneración de derechos, en países en situación de conflicto bélico (en estos momentos son más de 50 los conflictos bélicos persistentes en el mundo).
Y también hablamos de inserción en la vida pública, para lo que resulta absolutamente necesario mejorar las relaciones de la Universidad con los movimientos sociales emancipadores de nuestro territorio
¿La educación en derechos humanos contribuye a prevenir conflictos?
Desde luego, parafraseando a Mª Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València, “el compromiso de nuestra Universidad con los Derechos Humanos viene de lejos, y se fundamenta en un espíritu de búsqueda de la democracia, la libertad y la igualdad a lo largo de los siglos” cuestiones todas ellas absolutamente ligadas con la prevención de conflictos.
¿Por qué la educación en derechos humanos desempeña una función estratégica en la mitigación de conflictos y la consolidación de la paz?
Porque educar en la defensa y ejercicio de los derechos humanos de personas y pueblos de países empobrecidos supone entender a éstas personas y pueblos como sujetos de derechos, activos de su propio desarrollo, constructores de su paz, se trata de una herramienta fundamental de co-gobernanza, pues establece un marco exigible y de fomento de la participación de una ciudadanía crítica y comprometida.
En contextos de individualismo y fomento de discursos de oídio, promover valores como los derechos humanos, se traduce en promover la solidaridad, la justicia, la libertad, la paz, la igualdad.
Entender los derechos humanos y la paz como una responsabilidad colectiva, exigible.
¿Sobre qué pilares debería sustentarse la actuación de la Universidad en materia de derechos humanos?
Entiendo que son 3 los pilares fundamentales del Enfoque Basado en Derechos Humanos: el fomento de la participación desde la incidencia política en la ciudadanía, el trabajo en las desigualdades de poder, desde la denuncia de situaciones de vulneración de derechos y la comunicación transformadora hacia la consecución de una ciudadanía crítica y comprometida con un mundo mejor y en Paz, que es posible.
¿Cuenta la Universidad con los recursos adecuados para formar en derechos humanos como materia transversal?
Cuenta con recursos, promueve acciones importantísimas como las 23 Jornadas sobre Derecho Internacional Humanitario, pero no resultan suficientes en un contexto como el actual.
La enseñanza en derechos humanos en las Universidades españolas ha sido acusada de graves insuficiencias desde principios del siglo XXI, pese al compromiso teórico de España de desarrollarla tras apoyar todas las iniciativas internacionales, ¿Cuáles serían los deberes pendientes de la Universidad española en este ámbito? ¿Nos queda mucho por hacer?
Promover entornos favorecedores de la participación multiactor y multinivel, que funcionen como espacios reales de deliberación conjunta y no como meros emisores de información.
Promover la denuncia pública de situaciones de vulneración de derechos en el mundo.
¿Qué consecuencias tiene no fundamentar la formación transversal del alumnado sobre la base de los derechos humanos?
Consecuencias como el individualismo, la proliferación de discursos de odio y la desigualdad de poder, pueden ser contrarrestadas con la apelación a valores positivos como el orgullo de pertinencia a un colectivo solidario que denuncia situaciones de vulneración de derechos e injusticias.
Carmelo Faleh: «La respuesta es necesariamente afirmativa, sin ninguna reserva; pero hay que comprometer los niveles educativos en este empeño»
Carmelo Faleh es Licenciado en Derecho (Universidad de La Laguna, extensión de Las Palmas de Gran Canaria) y Licenciado Especial en Derecho Internacional y Europeo (Universidades Católica de Lovaina y Pública de Lieja). Doctor en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde actualmente es profesor de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos (Facultad de Derecho de la ULPGC). Actualmente es asesor jurídico (pro bono) de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (www.aedidh.org). En su trabajo editorial ha abordado temas relacionados con memoria histórica, prohibición de la tortura, derechos humanos de las personas migrantes; derechos económicos sociales y culturales; privación arbitraria de la libertad; libertad de expresión; desapariciones forzadas; derecho humano a la paz; mecanismos de protección internacional de los derechos humanos; libre determinación y Sáhara Occidental ocupado, entre otros.
En un contexto de conflicto armado, como pueden ser el caso de lo más sonados en los últimos años, Ucrania y Palestina, las universidades enfrentan desafíos importantes que tienen un impacto directo en su funcionamiento y en el bienestar de su comunidad académica. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Qué acciones o soluciones se pueden ejecutar desde la comunidad académica internacional para aliviar el impacto de estos conflictos?
Ante los conflictos armados, como los que se identifican en la pregunta, y otros que se producen en otras regiones del planeta, así como frente otros fenómenos que amenazan la paz y la seguridad en el mundo (como pueden ser las migraciones internacionales, el auge de las ideologías totalitarias y que niegan los derechos humanos, la crisis alimentaria, la pobreza extrema y el subdesarrollo, las brechas de desigualdad, la banalización de las violaciones de los derechos humanos, los discursos que alimentan el odio contra quienes son diferentes o contra quienes ejercen sus libertades individuales, la emergencia climática, la propagación de enfermedades, la criminalidad organizada, las violencias de distinto tipo que se valen del internet, la desinformación y difusión de informaciones falsas…), las Universidades están en condiciones de contribuir —desde los distintos ámbitos del conocimiento— a comprender y conocer mejor las causas o raíces de esos conflictos y fenómenos, fortalecer la concientización del estudiantado acerca de sus complejidades (evitando las explicaciones simplistas) y proponer fórmulas para tratar de encontrarles solución. Con este fin, no es osado afirmar que todas las ciencias (básicas, aplicadas, jurídicas, sociales…) pueden ser útiles en identificar los fenómenos que causan inestabilidad y violencia, sus causas y la manera de resolverlos o mitigar sus efectos. Generar conocimiento, fortalecer la solidaridad con quienes pasan dificultades, explorar soluciones. A esto pueden y deben contribuir las universidades como centros de enseñanza superior.
¿La educación en derechos humanos contribuye a prevenir conflictos?
La respuesta es necesariamente afirmativa, sin ninguna reserva; pero hay que comprometer los niveles educativos en este empeño: hay que “invertir” en derechos humanos. La educación en derechos humanos es más necesaria que nunca, en un mundo en el que, paradójicamente coexisten las facilidades para acceder sin trabas a información veraz y ser, al mismo tiempo, víctimas de la desinformación o de la mala información que se propaga velozmente y cuyos efectos no son fáciles de revertir. Debemos aprender a conocer qué son los derechos humanos y libertades fundamentales de los que cualquier persona es titular porque todas las personas son igualmente dignas y por tanto merecedoras de su respeto. Hay fenómenos que alteran gravemente el orden y la paz social en nuestras comunidades(violencia contra mujeres y niñas, racismo y xenofobia, pobreza y desempleo, crisis climática, dificultad para acceder a una vivienda digna…) que en algunos medios (y no medios) de comunicación o información se prestan a explicaciones simplistas, que olvidan nuestra propia historia y prescinden de las complejidades que están en el origen de las masculinidades tóxicas, que deliberadamente ignoran el por qué de las migraciones humanas, de las desigualdades que perpetúan la pobreza o la asunción de compromisos para proteger los ecosistemas en pro de las generaciones actuales y futuras, por recurrir únicamente a unos pocos ejemplos.
¿Por qué la educación en derechos humanos desempeña una función estratégica en la mitigación de conflictos y la consolidación de la paz?
Los derechos humanos deben servir para sensibilizarnos y solidarizarnos ante el sufrimiento de nuestros semejantes, con independencia del lugar en que se encuentren, sea dentro o fuera de nuestras fronteras. No es soportable escuchar cómo desde distintos foros y estamentos se banalizan graves fenómenos como la pobreza estructural, las migraciones, los conflictos armados, la violencia que sufren las mujeres en todas las sociedades, la corrupción, el derroche de ingentes recursos en la proliferación de armas convencionales o de destrucción masiva, etc. Son intolerables algunas respuestas que escuchamos en nuestras sociedades desarrolladas ante las personas que emigran y arriesgan sus vidas en viajes peligrosos, por tierra o mar, en búsqueda legítima de oportunidades para una vida mejor; o al abordar fenómenos particularmente graves como la violencia contra la mujer; o cuando se avala cualquier tipo de respuesta frente al terrorismo, aunque sea al precio de socavar los pilares del Estado de Derecho. O cuando se silencian o los crímenes de guerra y contra la humanidad o las violaciones de los derechos humanos que cometen países amigos (Israel) y se censuran los que cometen otros países (Rusia, Venezuela, Irán…). Todos deberíamos ser capaces de tener el espíritu crítico suficiente para defender la justicia y el derecho y el cumplimiento de los principios y las normas, cualquiera que sea la identidad de quien los vulnera y de las víctimas. El doble rasero mina terriblemente la credibilidad en las normas y en las instituciones encargadas de aplicarlas. Es algo que no debe consentirse. No vale todo, y cuando consentimos a unos lo que a otros no toleramos, el sistema se resiente inevitablemente.
Carmelo Faleh, profesor de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos en la ULPGC
Cuenta la Universidad con los recursos adecuados para formar en derechos humanos como materia transversal?
En términos generales diría que sí, aunque como es sabido las plantillas de docentes envejecen y los recursos merman, y no siempre hay voluntad política para financiar el sistema universitario público y el sistema educativo en general. Estos no pueden concebirse como empresas que reclaman beneficios económicos tangibles. En nuestro país debe invertirse más en educación. Las diferencias de desarrollo económico y social entre las distintas regiones dentro de España y entre países europeos responden en no pocas ocasiones a los presupuestos destinados a los distintos niveles educativos.
¿Qué consecuencias tiene no fundamentar la formación transversal del alumnado sobre la base de los derechos humanos?
De alguna forma ya he respondido a esto. La juventud y, en general, la ciudadanía con derecho a voto elige a sus representantes públicos en distintas instituciones. Un déficit de formación en derechos humanos se traduce indefectiblemente en las urnas y en nuestras sociedades —en ámbitos tanto públicos como privados— en incomprensión, intolerancia, abusos, desorden y violencia. Son razones suficientes para decidirse a invertir en introducir las formación en derechos humanos en todas las etapas o niveles educativos, incluida la formación continua. No está de más recordar algo que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados o convenciones sobre derechos humanos podemos leer: que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos originan actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; que la aspiración más elevada ha de ser el advenimiento de un mundo en que todas las personas, liberadas del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; y, en definitiva, que los derechos humanos deben estar protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que nadie se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
A lo largo de la historia, las universidades han demostrado un enorme compromiso con la preservación del conocimiento, la promoción de los derechos humanos y la construcción de la paz. Tanto Cristina Ramón como Carmelo Faleh coinciden en que el papel de estas instituciones trasciende la simple transmisión de saberes: son baluartes en la formación de una ciudadanía crítica y comprometida, actores clave en la denuncia de violaciones de derechos fundamentales y promotores de soluciones frente a desafíos globales.